JUSTICE FOR ERNESTINA - JUSTICIA PARA ERNESTINA
Based on the second autopsy that reiterates that she was raped, we categorically reject Felipe Calderón Hinojosa's assertion seeking to exonerate the rapist and murderous military soldiers.
We express our profound concern at the exculpatory manifestations expressed by local and federal authorities, as well as by those who are supposedly bound, ethically and legally, to defend human rights, as is the case of the National Commission for Human Rights (CNDH) and its representative.
The CNDH possesses sufficient evidence to uphold the fact that Ernestina was raped, and has no evidence to the contrary. It is a serious matter for this society that the CNDH would seek to exonerate the military.
We demand the complete fulfillment of the recommendations put forward by Amnesty International and the World Organization Against Torture.
This crime by the armed forces must not remain unpunished.
Justice for Ernestina Ascencio Rosario, Nahua, from Soledad Atzompa, Sierra de Zongolica, Veracruz!
Rosario Ibarra Citizens Committee
University Women of Xalapa, Veracruz
Independent Women Citizens of Veracruz
Nahua Authorities of Soledad Atzompa, Veracruz
Representatives of the Legitimate Government
Shara Martínez Vara, Coordinator of the Rosario Ibarra Citizens Committee
Phone (011) 52 818 06 38, cellular (011) 52 44 22 88 57 13 93
Xalapa, Veracruz, Mexico
FOR BACKGROUND INFORMATION ON THIS CASE, VISIT www.amnesty.ie/amnesty/live/irish/ action/article.asp?id=5750&page=4544
IF YOU WANT TO ADD YOUR NAME OR YOUR ORGANIZATION'S IN SUPPORT OF THIS DEMAND PLEASE SEND AN E-MAIL TO ANY OF THE FOLLOWING ADRESSES:
resistenciacreativa@gmail.com
jimenagranados@hotmail.com
adharagodyva@gmail.com
Demandamos al gobierno federal, a las autoridades mexicanas, a las diversas Instituciones que competan, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por Amnistía Internacional (AI) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en relación a la violación tumultuaria, lesiones, homicidio y lo que resulte de nuestra compatriota indígena Ernestina Ascencio Rosario, realizada por presuntos militares mexicanos.
Rechazamos categóricamente la afirmación de Felipe Calderón Hinojosa, en el sentido de pretender exculpar a los militares violadores y asesinos, en virtud de que en la segunda necropsía se reitera que sí fue violada.
Expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones exculpatorias de autoridades locales y federales, asimismo de aquellas que se supone están obligadas, ética y legalmente, a defender los derechos humanos, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en voz de su representante.
La CNDH tiene las pruebas suficientes para sostener que Ernestina fué violada, y no tiene pruebas para decir lo contrario. Para la sociedad es grave que la CNDH pretenda exonerar a los militares.
Demandamos el total cumplimiento de las recomendaciones emitidas por Amnistía Internacional y de la Organización Mundial Contra la Tortura.
Que no quede impune este crimen del ejército!
Justicia para Ernestina Ascencio Rosario, de la etnia nahua, de Soledad Atzompa, Sierra de Zongolica, Veracruz.
Comité Ciudadano Rosario Ibarra
Mujeres Universitarias de Xalapa, Veracruz
Ciudadanas Veracruzanas Independientes
Autoridades Nahuas de Soledad Atzompa, Veracruz
Representantes del Gobierno Legítimo
Shara Martínez Vara, Coordinadora del Comité Ciudadano Rosario Ibarra tel. 8 18 06 38 cel. 44 22 88 57 13 93
Xalapa,Veracruz México
SI QUIERES SUMAR TU NOMBRE O EL DE TU ORGANIZACION A ESTA PETICION, ESCRIBE A CUALQUIERA DE ESTOS E-MAILS:
resistenciacreativa@gmail.com
jimenagranados@hotmail.com
adharagodyva@gmail.com
MAS INFORMACION SOBRE EL CASO:
5 de abril de 2007
Ernestina Ascencio, la infamia
jenaro villamil
México, D.F., 4 de abril (apro).- El asesinato de la señora Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl de 73 años de edad, se ha convertido en un caso-tipo del mecanismo de la infamia que puede transformarse en sello de este gobierno. No sólo eso: amenaza con transformarse en una confrontación entre el gobierno de Veracruz y la administración de Calderón, y en poco tiempo alcanzará dimensiones internacionales, por las características propias del escandaloso homicidio, teñido de violencia, abuso sexual. La operación de la infamia resulta grotesca. En menos de un mes, Los Pinos logró que la víctima se convierta en cómplice de su propia muerte por “anemia” y males “gastrointestinales” , y los medios de comunicación más oficiosos decidieron no investigar. La CNDH de José Luis Soberanes perdió el poco prestigio que le quedaba al prestarse a un juego de intriga y complicidad palaciega y olvidarse que la comisión fue creada para defender a los ciudadanos más débiles, no las apreciaciones presidenciales. La institución del Ejército reaccionó ante el caso como si se tratara de una acusación que involucrara a todo el alto mando y, en lugar de apoyar una investigación creíble y respetuosa, como al inicio la propia Sedena acreditó, ahora lo pervirtió al tomarlo como si fuera una ofensa institucional. Por si fuera poco, el presidente Felipe Calderón, violando toda la autonomía de los ministerios públicos y de los organismos de derechos humanos, dictó la “línea” que sus voceros debían seguir, arrastrando en la infamia a la directora de Inmujeres, María del Rocío García Gaytán, quien se aventó la infamia de decir que las últimas palabras de Ernestina Ascencio, al ser pronunciadas en náhuatl y moribunda, no tienen el crédito de una denuncia. En declaraciones a la prensa, publicadas el sábado 31 de marzo, García Gaytan justificó así lo dicho por Calderón en La Jornada: “El es el presidente; tiene información privilegiada, tiene que estar enterado, y no es sospechoso de que haya adelantado un dictamen”. Una simple relatoría de los sucesos nos da la idea de cómo una denuncia y un agravio se convirtieron en una persecución contra los familiares y vecinos de Ernestina Ascencio:
1.- El 2 de marzo de este año, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro denunció que Ernestina Ascencio Rosario fue “violada tumultariamente por elementos castrenses, al parecer, pertenecientes al 63 Batallón de Infantería de la 26 zona militar de Lencero, Veracruz, la mañana del domingo 25 de febrero” de este año. El centro acreditó lo que algunos medios locales publicaron: la señora Ernestina fue hallada todavía con vida por sus familiares en la comunidad de Tetlalzingo. Presentaba golpes en diversas partes del cuerpo y tenía “un daño especialmente grave en la cadera”. En testimonio dado a sus familiares, la anciana afirmó: “Los militares se me vinieron encima”. Por su estado crítico de salud, fue trasladada al hospital de Río Blanco, donde falleció el 26 de febrero. El certificado original de su muerte acreditaba que presentaba huellas de tortura y perforación del recto.
2.- La procuraduría de Veracruz abrió una investigación en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, en Ciudad Mendoza, bajo los números 140/07 y 471/07. El Centro Pro informó en su comunicado que versiones de los pobladores indicaban que entre cuatro y 11 militares pudieron estar detenidos por los hechos.
3.- En los días siguientes, los pobladores, encabezados por el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, realizaron manifestaciones para exigir castigo a los responsables. Enviaron un comunicado a Los Pinos, reclamándole a Calderón que, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, evitara la impunidad y ordenara que “el Ejército salga de nuestro territorio y que no vuelva nunca más”.
4.- La CNDH envió visitadores a la zona. Adelantó que investigaría las denuncias realizadas no sólo por los familiares, sino por decenas de organismos de derechos humanos que subrayaron un elemento fundamental: Ernestina Ascencio ha sido una entre otros casos similares, como el de Inés Fernández, indígena tlapaneca, originaria de Guerrero, que en 2002 fue agredida sexualmente por elementos castrenses; Valentina Rosendo Cantú, también indígena tlapaneca, violada y torturada en 2002; Francisca Santos y Victoriana Vázquez, indígenas mixes, de Barrio Nuevo San José, Guerrero, y tres hermanas tzeltales: Ana, Beatriz y Celia González quienes, en 1994, después de haber sido privadas de su libertad, fueron violadas por militares.
5.- Sin que existiera pregunta de por medio, Calderón adelantó en una entrevista publicada en La Jornada, tres semanas después de los hechos, que obtuvo información de la CNDH que negaba que la señora Ascencio hubiera sido violada. Su muerte se debió a problemas “gastrointestinales” . Vaya, todo se hubiera resuelto con Pepto Bismol. Días después, a pesar de las contradicciones iniciales, José Luis Soberanes acreditó un informe final de la CNDH, en el que estableció, como si fuera médico legista, que Ascencio murió de “úlceras gástricas” provocadas por una “anemia aguda”. Descartó que hubiera perforación rectal y afirmó que fueron inexistentes los indicios de traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales.
El operativo mediático fue apabullante. Con la excepción de algunos medios impresos –como La Jornada, Proceso y otros periódicos locales de Veracruz-- más la puntual cobertura de Carmen Aristegui en W Radio, todos los demás medios optaron por reproducir textual las versiones oficiales. Quien se salga de este guión ordenado desde Los Pinos y acatado por Soberanes, se vuelve, automáticamente, en sospechoso de querer dividir y agredir a las Fuerzas Armadas. El panorama no puede ser peor. El gobierno de Veracruz y las autoridades municipales encabezan la protesta contra la CNDH. Las instancias internacionales como la CIDH vendrán a México a realizar sus propias investigaciones. El gobierno federal reacciona como si fuera una orden. En lugar de combatir la impunidad de algunos elementos del Ejército se alienta la impunidad institucional y se envía el mensaje más ominoso de todos: la vida de cualquier mujer, anciana, indígena y pobre, vale menos que la “honorabilidad” de una institución y el maquillaje mediático que siempre se desvanece ante las evidencias de la infamia.
jenarovi@yahoo.com.mx